Culiacán, Sinaloa.— El Congreso del Estado de Sinaloa declaró formalmente incorporado el Derecho Humano a la Ciudad, tras obtener el respaldo de 15 de los 20 cabildos, con lo que se alcanzó la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
La reforma —Decreto 345— adiciona la fracción XV al artículo 4° Bis A y reconoce el Derecho a la Ciudad como un derecho colectivo orientado a la igualdad, la justicia social, la sustentabilidad, la inclusión y la distribución equitativa del espacio urbano y los bienes públicos.
Sin embargo, el alcance práctico de la modificación dependerá de su reglamentación y de la voluntad presupuestal. El decreto constitucional no crea por sí mismo programas, fondos ni mecanismos automáticos de exigibilidad judicial, por lo que este tipo de reformas pueden quedar en el plano declarativo si no se traducen en leyes secundarias, lineamientos claros y políticas públicas medibles.
El Derecho a la Ciudad supone, en términos generales, garantizar acceso equitativo a servicios, vivienda adecuada, movilidad, espacios públicos, participación ciudadana en decisiones urbanas y protección frente a procesos de exclusión territorial.
Para que el nuevo texto constitucional tenga efectos concretos, el Congreso deberá armonizar la legislación en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y participación ciudadana. Además, el Ejecutivo estatal y los municipios tendrían que incorporar el enfoque en planes de desarrollo y presupuestos.
Hasta ahora, la declaratoria no incluye previsiones financieras específicas ni plazos para la emisión de normativa secundaria.
El concepto no es nuevo en el país. La Constitución Política de la Ciudad de México incorporó expresamente el Derecho a la Ciudad desde 2017, convirtiéndose en uno de los referentes más citados en México.
A escala federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo reconoce de forma explícita, aunque diversos instrumentos en materia de desarrollo urbano retoman principios similares.
En ese sentido, Sinaloa se suma a la tendencia de constitucionalizar derechos urbanos como marco orientador, aunque el verdadero impacto dependerá de su implementación.
La iniciativa fue presentada en marzo de 2025 por la diputada Yeraldine Bonilla Valverde —actual Secretaria General de Gobierno del Estado— y culminó esta semana con la declaratoria formal, tras el aval de más de dos terceras partes de los ayuntamientos.
El desafío ahora no es normativo, sino operativo: convertir un principio constitucional en transformaciones visibles en colonias con rezago de servicios, periferias con déficit de transporte público, asentamientos irregulares y comunidades que aún carecen de infraestructura básica. Sin reglamentación, indicadores y presupuesto, el Derecho a la Ciudad corre el riesgo de quedarse como un enunciado aspiracional más dentro del texto constitucional.
